Deuda Externa

DEUDA, HOLDOUTS Y DISCURSO CFK.

8/10/2013

Por Héctor GIULIANO (31.8.2013).

 

 

El 26.8 pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) dirigió un discurso importante al pueblo argentino relacionado con el problema de la Deuda Pública y la nueva reapertura del canje para los bonistas que no ingresaron en el mismo en 2005 ni en 2010 (holdouts) y que en su mayoría están pleiteando contra el Estado Nacional, contando con sucesivos fallos de primera y segunda instancia a su favor en los tribunales de Nueva York.

 

El objeto de este trabajo es formular algunas observaciones y comentarios sobre el contenido de este discurso presidencial.

 

 

INTERVENCIÓN DEL CONGRESO.

 

La presidenta resaltó el cumplimiento del requisito que fija la Constitución Nacional – artículo 75, inciso 7 y conexos – relativo a la participación del Congreso en el arreglo de la deuda interna y externa de la Nación.

 

Esta mención, en realidad, no se cumple en forma directa ni completa porque el Poder Ejecutivo – desde la época del Proceso Militar hasta nuestros días, sin excepción – actúa por delegación cuasi irrestricta del Parlamento y/o sin autorización del mismo (caso de Decretos de Necesidad y Urgencia, e incluso decretos y resoluciones que no se compadecen exactamente con las leyes de presupuesto).

 

El Gobierno decide unilateralmente sobre el curso de las negociaciones y las lleva a cabo en forma secreta, sin dar explicaciones detalladas ni publicidad de la documentación completa inherente a las obligaciones que contrae, sin permitir el acceso a las informaciones pertinentes o de base, sin traducir los documentos firmados, sin especificar claramente las características de las deudas que se contraen – particularmente en el caso de bonos – ni sus implicancias de detalle, sin especificar la importancia de condiciones relevantes que figuran en la letra chica de los contratos, realizando contrataciones directas de los asesores legales y financieros intervinientes, de los bancos colocadores y bancos-agente y también de las calificadoras de riesgo, decidiendo por su cuenta las cláusulas clave que obligan al país (como la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros, la renuncia a oponer la inmunidad soberana, la cláusula del acreedor más favorecido, la cláusula cross default o incumplimiento cruzado y otras), sin exhibir las cuentas claras y completas que conllevan las operaciones de las deudas asumidas, sin dar información desagregada por tenedores, sin informar en tiempo y forma las colocaciones anuales deuda (todavía no están editadas las del año 2012), sin atender al estado de las causas judiciales (en curso y con sentencia) que investigan la ilegitimidad e irregularidades del endeudamiento público argentino – causas Olmos I y II, Megacanje 2001 y gestiones de gobierno desde el Proceso hasta el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 inclusive (denuncia Olmos Gaona-Marcos) – sin demostrar la capacidad de repago de las deudas que se asumen y sin exponerse a discusión alguna sobre la cuestión de fondo del sistema de la Deuda Pública perpetua vigente.

 

Históricamente en la Argentina la supuesta intervención del Congreso – desde la época del Proceso hasta el presente (cuando la ha habido, antes o después de los hechos) – siempre ha venido funcionando como un “cheque en blanco” para que el Ejecutivo negocie lo que quiera y como quiera; y ello se ha hecho sistemáticamente en línea con los intereses de los acreedores antes que los intereses nacionales: como lo fueron los arreglos Proceso-Wehbe en las postrimerías del Gobierno Militar, los Acuerdos de Nueva York 1985 y 1987 bajo la administración Alfonsín, el Plan Brady 1992-1993 bajo la administración Menem, el Blindaje 2000 y el Megacanje 2001 bajo De la Rúa-Cavallo; y también el Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010.

 

Se trata de una constante histórica donde el Parlamento Argentino ha cumplido y cumple sólo una mera tarea formal o cuasi administrativa, aprobando siempre lo actuado, sin evaluación técnica alguna y sin contar siquiera con elementos válidos de comprobación directa, declinando así escandalosamente sus atribuciones constitucionales en materia de deuda pública.[1]

 

En este marco suena incoherente y hasta burlesca hoy la invocación de la presidenta al supuesto cumplimiento de la Constitución Nacional – de la letra, no del espíritu – en cuanto a intervención del Congreso en el arreglo de la Deuda Pública.

 

Por otra parte, esta mentada intervención parlamentaria – en el presente como en la mayoría de los casos anteriores – se limitaría aquí sólo al hecho que los legisladores levanten la mano para aprobar una reapertura del canje 2005 para conferirle o ratificarle al gobierno el mismo tipo de facultades irrestrictas que le han dado hasta ahora.

 

Con el agravante que tal decisión – mirándola desde la propia óptica oficialista – resulta tardía e inconsistente porque nada obstaba para que la suspensión o derogación de la Ley cerrojo 26.017 se hubiera realizado antes, lo que habría neutralizado a la vez la imputación hecha contra la Argentina de violación del Pari Passu.

 

El cambio de postura de la presidenta CFK al enfatizar ahora la intervención del Congreso viene a quedar en línea con el procedimiento básico y de urgencia exigido por las estructuras de poder económico-financiero a favor de los acreedores para garantizar el cumplimiento y la continuidad del Sistema de la Deuda Pública perpetua como Política de Estado.

 

 

MEGACANJE KIRCHNER-LAVAGNA 2005.

 

La presidenta atribuye a su esposo – el ex mandatario Néstor Kirchner – el supuesto mérito de haber logrado una política de pago con crecimiento, cosa que no es cierta.

 

El Megacanje 2005 – como lo hemos demostrado en trabajos anteriores[2] – no dio  solución al problema de la Deuda, no era legal ni financieramente favorable a los intereses argentinos y fracasó por incapacidad de pago a los tres años de su firma, forzando desde entonces sucesivas medidas de emergencia del gobierno para poder sostener – hasta el presente – los servicios por capital e intereses de las obligaciones fiscales de la Deuda: aumento de la presión tributaria, incremento de las retenciones agropecuarias, estatización de los fondos de las AFJP, sub-indexación de la inflación, retraso del tipo de cambio, restricciones a las importaciones y transferencias de divisas al exterior, cepo cambiario y aumento generalizado y en gran escala de la Deuda intra-Estado.

 

Esta nueva deuda creciente intra-Sector Público implica traspasar al Estado deudas para las que el Fisco no tiene capacidad de pago demostrada, que desfinancian el sistema previsional (ANSES), que descapitalizan el Banco Central (BCRA) por el uso de reservas internacionales para el pago de deuda externa y que desvían en la práctica la utilización de fondos que tienen otros destinos específicos (como son los préstamos del Banco Nación y toda una serie de organismos oficiales) al Tesoro para el pago de servicios de la Deuda.

 

Este enorme esfuerzo financiero fiscal – virtualmente la puesta de todo el aparato financiero del Estado al servicio de la atención de la Deuda Pública – es precisamente la consecuencia del fracaso de la política de pagos de la deuda con recursos propios.

 

La presidenta da así como un logro lo que en realidad ha sido un fracaso, y cuyas consecuencias están a la vista, porque no es cierto que los pagos de la deuda se hayan realizado con “recursos genuinos” sino que esos pagos fueron hechos a costa de mas deuda.[3]

 

 

PAGOS CON NUEVAS DEUDAS.

 

La presidenta sorprendió a la opinión pública al decir que la administración Kirchner entre 2003 y 2012 ha pagado 173.300 MD[4] por concepto de Deuda Pública.[5]

 

Este total abonado en el decenio K comprendería pagos de 41.000 MD al propio Sector Público, 81.500 MD a Acreedores Privados y 51.200 MD a Organismos Multilaterales de Crédito (OMC), lo que da el total citado de 173.300 MD.

 

Pero estas cifras no están claras, por lo que corresponde hacer algunas observaciones previas e importantes:

 

a)  El stock de Deuda Pública al momento del default de Diciembre del 2001 era de 144.500 MD.

 

b)  Ese stock creció a 178.800 MD a fines de 2003, fundamentalmente por la nueva deuda emitida para cubrir la pesificación asimétrica a favor de bancos y ahorristas (más de 30.000 MD).

 

c)  A fines de 2004 – stock pre Canje – el saldo oficial de la deuda había subido a 191.300 MD, básicamente por haber computado aquí intereses acumulados por atrasos desde la cesación de pagos de 2001 que, en realidad, no correspondía computar porque – como regla general – el devengamiento de intereses se interrumpe en el momento del default.[6]

 

d)  Según el gobierno Kirchner ese stock pre Canje de 191.300 MD habría bajado a 126.600 MD después del canje 2005; pero aquí las cifras directamente no son completas porque no se incluía el importe de deuda no canjeada (en manos de los holdouts) por unos 20.000 MD y no se mencionaba la nueva deuda por cupones PBI, compensatoria de la quita a los bonistas que ingresaron en la operación.[7]

 

e)  Según los comunicados oficiales de la época del Ministerio de Economía (MECON) la Argentina habría obtenido así una reducción de deuda de casi 65.000 MD (64.700, producto de 191.300 menos 126.600 MD); lo que no era cierto porque por un lado se abultaba artificialmente el stock pre canje contando los intereses devengados durante el periodo de default y por otro lado se omitía (y se omite hasta hoy) considerar la deuda en firme por cupones PBI (que a ese momento representaba unos 40.000 MD), rotulándola como “deuda contingente” y no deuda registrada.

 

f)  Aún así, si diéramos por buena o aceptada la información oficial de esa reducción de deuda del orden de los 65.000 MD habría que corregir entonces las cifras según lo observado en el punto anterior, deduciendo los 20.000 MD de intereses devengados del saldo pre canje y sumando los otros 20.000 de holdouts que quedaron afuera al saldo post canje, aunque esto último fuese deuda pendiente de negociación[8]. Lo que daría un saldo real post canje de 146.000 MD (126.600 + 20.000) – sin contar los VLPBI – monto que sería una cifra prácticamente igual al stock al momento del default del 2001 (los 144.500 MD antes citados). O sea, que en los números globales el Megacanje no tuvo quita real.

 

g)  Si a ello agregamos ahora los VLPBI, tendríamos que la quita real final del Megacanje 2005 habría sido completamente neutralizada con la entrega compensatoria de estos VLPBI (Valores ligados al PBI o simplemente Cupones PBI).[9] Incluso habría aumentado así el stock de la deuda post canje y no disminuido.

 

Hasta aquí las inconsistencias de cifras relacionadas con las informaciones oficiales de la presidenta acerca del Megacanje 2005 y sus implicancias. Pero falta todavía pasar a ese punto tan importante de su exposición que fue la referencia al pago de los 173.300 MD.

 

El tema es serio porque – a falta de datos – hay que dar por aceptado, en principio, los dichos de CFK en el sentido que nuestro país pagó efectivamente esa extraordinaria suma por servicios de deuda en el decenio 2003-2012 (aunque no se sabe si comprende sólo amortizaciones de capital o también pago de intereses).[10]

 

Este punto no se entiende entonces en forma directa.

 

Si los pagos hubieran sido cancelatorios y definitivos el stock de la deuda en cabeza del Estado Central debiera haberse extinguido porque abonar en diez años más de 173.000 MD tendría que haber eliminado la deuda post canje 2005 declarada por el gobierno y, consecuentemente, haber terminado así con el problema de la Deuda Pública Argentina.

 

Esto obviamente no fue así porque el stock actual de la deuda suma hoy – último dato del MECON al 31.12.2012 – 209.000 MD (después de haber pagado 173.300 MD en el último decenio!).

 

Lo que pasa es que la presidenta, cuando dice que el país ha pagado el récord de 173.300 MD omite decir algo sustancial: que esos pagos no se han hecho con recursos genuinos sino con nuevas deudas, es decir, que se ha privilegiado el pago de unos acreedores a costa de pasarle la deuda – una deuda impagable – a otro/s deudor/es, que en este caso son organismos del propio Estado (ANSES, BCRA, BNA, AFIP, Lotería, FFRE, PAMI, etc.).

 

Y además, el gobierno ha seguido y sigue tomando más deuda, con lo que ese stock consecuentemente aumenta cada vez más.[11]

 

La Deuda intra-Estado constituye hoy el 58 % de la Deuda Pública performing o regularizada (114.800/197.500 MD) porque el gobierno Kirchner – privilegiando el pago a Acreedores Privados y a Organismos Financieros Internacionales – le ha venido traspasando la carga de una masa de deuda que no tiene capacidad de repago a las agencias del propio Sector Público, que en buen romance es equivalente a decir que le “pasó el muerto” al Pueblo Argentino.

 

 

EN CONCLUSIÓN:

 

Jaqueado por una nueva y más grave instancia dentro de la Crisis de Deuda que vive la Argentina desde el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010, atenazado por los fallos de Nueva York favorables a los holdouts y habiendo llegando aparentemente a un límite de sus posibilidades en el manejo de la Deuda intra-Estado, la presidenta habría tenido que empezar a desnudar sus debilidades fiscales derivadas de la trampa de deuda perpetua en que sigue sumido el país.

 

La pérdida de los superávits gemelos – fiscal y externo – que comprometen la continuidad del llamado “Modelo K”, el agravamiento del perfil de vencimientos de la deuda y la presión financiera interna y externa para acelerar la vuelta argentina al Mercado Internacional de Capitales arreglando la cuestión de los holdouts y la deuda con los países del Club de París (Hoja de Ruta Boudou), parecieran estar forzando una pronta definición del gobierno CFK en su allanamiento al sistema de la Deuda y su consiguiente ingreso en una nueva etapa de endeudamiento colocando bonos afuera en lugar de seguir colocándolos en el propio Estado con títulos sin capacidad de repago (cosa que habría servido funcionalmente para descargar o hacer lugar parcialmente a nuevas deudas).

 

Frente a estas condiciones, la mejor alternativa para la Argentina sería dejar que el nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones “arrastre” al país a un nuevo default, que ello conduzca a un replanteo de los términos de negociación de la deuda y que el gobierno utilice la suspensión de pagos previa a las futuras discusiones para encarar la investigación integral de la Deuda Pública.

 

Pero esto va contra la política de allanamiento al sistema de la Deuda por parte de la administración Kirchner y también va contra la complicidad en este sentido de las “tres patas” del mecanismo de formación y conducción de la opinión pública: oficialismo, oposición y grandes medios de comunicación; que sostienen concurrentemente la tesitura básica de “honrar los compromisos externos” como pre-requisito de toda Política Económica.

 

En síntesis, el discurso presidencial CFK del 26.8 formaliza la “vocación pagadora” a ultranza del gobierno[12] y, a la vez, blanquea la lógica prioritaria de los servicios de la Deuda como Política de Estado.

 

 

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires, 31.8.2013

 

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2013 08 31 HOLDOUTS Y CFK.

 



 

NOTAS:

 

[1] Sintomáticamente, el único gobierno que planteó de modo frontal la cuestión de fondo de la deuda ante el Congreso – más precisamente, ante la Asamblea Legislativa, a fines de Diciembre de 2001 – fue el del presidente Rodríguez Saá … y duró sólo una semana.

 

La mayor parte de los legisladores que saludablemente aplaudieron entonces ese blanqueo del default y el anuncio de la investigación de la Deuda por el Congreso fueron los mismos que pocos días después convalidaron su derrocamiento a través de una suerte de “golpe de Estado institucional”.

 

Faltando igualmente a sus deberes constitucionales, el mismo Congreso de la Nación se niega hasta la fecha a considerar la sentencia del juez Ballestero – de Julio de 2000 – en la causa Olmos I, donde se prueba la ilegitimidad, ilegalidad, irregularidades sistemáticas y manifiestas; y responsabilidades concurrentes de funcionarios públicos intervinientes, bancos y empresas en la contracción de la Deuda Pública Argentina.

 

Las causas abiertas en la Justicia están desde hace años virtualmente paradas, la administración Kirchner las ignora a los fines de seguir refinanciando y tomando más deuda; y la clase política mayoritaria – oficialismo y oposición – soslaya todo pedido de investigación de la deuda y/o reclamo de avance en las actuaciones en curso.

 

[2] Ver especialmente los dos últimos trabajos del autor sobre este mismo tema: “En torno al nuevo fallo sobre los Holdouts” (25.8.2013) y “Holdouts y próximo fallo de Nueva York” (27.7.2013).

 

[3] En su discurso, la presidenta dijo textualmente:

 

“Digamos que más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales. Pero, además, con un aditamento: esto lo hemos hecho absolutamente con recursos genuinos (el destacado es nuestro), con recursos que hemos logrado a partir de la administración de comercio, y a partir de la mejor administración de los recursos del Estado, sin acceder al mercado de capitales.”

 

[4] Las abreviaturas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos y están tomadas siempre con redondeo, por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

 

[5] El texto exacto de las expresiones de CFK es el siguiente:

 

“La Argentina ha pagado, entre el año 2003 y el año 2012, este país al que califican como deudor recalcitrante 173.733 millones de dólares. Vuelvo a repetirlo: desde el año 2003 a la fecha, hemos pagado 173.733 millones de dólares. 41.044 millones de dólares es dentro del propio sector público nacional, entre distintos organismos del sector público nacional, que se prestan entre sí para financiamiento, para infraestructura, en fin para lo que hace al funcionamiento del Estado (*); 81.487 millones de dólares hemos pagado al sector privado (extranjero y nacional, en dólares, tenedores de bonos) y a los organismos multilaterales de crédito, entre ellos al Fondo Monetario Internacional, cuando nos desendeudamos, en el año 2006, al Banco Interamericano de Desarrollo por los préstamos que nos ha dado, al Banco Mundial, a la Corporación Argentina de Fomento, 51.201 millones de dólares; en total, 173.733 millones de dólares.”

 

(*) En este sub-punto específico la cosa no es así: los organismos no “se prestan entre sí” sino que todos le prestan a la Tesorería Nacional para que ésta pague Deuda y no para “funcionamiento del Estado”.

 

En el discurso, inmediatamente a continuación de éste viene el párrafo reproducido en la nota 3.

 

[6] El importe de estos intereses era de casi 20.000 MD, no correspondía considerarlos y se entiende que fueron agregados al stock para abultar las cifras del saldo anterior al canje y mostrar así una supuesta mayor reducción de la deuda por el canje.

 

El stock de deuda al 31.12.2004 sería entonces de unos 170.000 MD en lugar de 190.000.

 

Cabe aclarar – por otra parte – que dentro de la sumatoria de conceptos en la evolución de la deuda entre 2001 y 2005 jugaron también otros rubros, por aumento o disminución de importes; pero éste de los intereses acumulados sería el más cuestionable.

 

[7] En el Megacanje 2005 el gobierno Kirchner ofreció bonos elegibles por 81.800 MD, de los que fueron canjeados 62.300 MD (el 76 %), quedando afuera los 19.500 MD restantes (holdouts).

 

La quita real promedio fue de 43 % sobre el valor nominal de los títulos canjeados: 62.300 MD rescatados contra 35.300 MD de nuevos bonos emitidos; esto es, un ahorro o reducción de 27.000 MD.

 

Esto significa que por cada 100 dólares o pesos canjeados la quita de 43 dejaba el nuevo valor neto de los acreedores en 57.

 

Pero como, paralelamente, el gobierno le entregó a cada bonista ingresante en el canje – a título de regalo compensatorio – un cupón ligado al PBI por valor de 48, resultaba así que el valor de ingreso de los aceptantes pasaba a ser superior al valor nominal de las títulos originales: unos 104-105 dólares/pesos por cada 100.

 

Por ende, estrictamente hablando, no es cierto que hubo quita en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 (luego reabierto en 2010) sino paridad y ventaja para los acreedores en términos nominales.

[8] La inadvertencia o torpeza consistió en que luego del Megacanje 2005 el gobierno quiso hacer valer contra los holdouts la cláusula del Prospecto que dice – en el apartado denominado “Risk Factors” o Factores de Riesgo – que el principal factor de riesgo que corrían los holdouts era que aquéllos títulos que no se presentasen podrían permanecer impagos indefinidamente.

 

Habría sido justamente este tipo de planteo contra los bonistas que no entraron en el Megacanje – fundamentalmente “fondos buitre” – uno de los puntos clave asumido por el juez Griesa y la corte de apelaciones para demostrar que la Argentina había violado la regla del pari passu o tratamiento equitativo al no ofrecer alternativa a los holdouts.

 

Cosa que, repetimos, se hubiera podido obviar si – dentro de la misma lógica seguida por el gobierno – se hubiera dejado abierta la reapertura del canje, que no afectaba para nada los juicios en curso.

 

[9] En su discurso, la presidenta dijo:

 

“Finalmente ese primer canje en el que muy pocos confiaban (se refiere al del 2005) y en el que muy pocos apostaban, pero que Néstor tenía una gran esperanza terminó reestructurando el 76 por ciento de la deuda soberana, con la quita más importante que se recuerde en la historia. Quita que para medir la importancia que tuvo, en el crecimiento posterior de la Argentina la podemos cuantificar en más de 79.000 millones de pesos.”

 

No se sabe si CFK quiso decir aquí 79.000 M$ o 79.000 MD pero – conforme lo visto en la nota anterior – en la práctica no hubo quita.

 

[10] Dada la importancia de estas informaciones presidenciales el MECON debiera informar clara y concretamente respecto de estos pagos y las fuentes de fondos respectivas que fueron utilizadas para ello.

 

[11] De hecho – y según la propia información oficial – la Deuda Pública aumento en 14.600 MD en 2011 y en 18.800 MD en 2012.

 

Los vencimientos de capital e intereses a pagar son fuertemente crecientes en los próximos años y está previsto la toma de más deuda nueva.

 

[12] La acertada expresión es del ex juez Dr. Salvador María Lozada pero la presidenta prácticamente la ha hecho suya con este discurso.

Publicado el 8 de octubre, 2013 En la categoría Deuda Externa

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