Deuda Externa

EN TORNO AL NUEVO FALLO SOBRE LOS HOLDOUTS

8/10/2013

Por Héctor GIULIANO (25.8.2013).

 

Al problema de los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje 2005-2010 ya nos hemos referido en varias oportunidades.

 

La última vez – recientemente – fue en el trabajo titulado “Holdouts y próximo fallo de Nueva York”, al cual nos remitimos como antecedente valido del presente.

 

El nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones ratificando la sentencia del juez Griesa motiva ahora algunas observaciones y comentarios adicionales.

 

QUÉ SE DISCUTE.

 

Cuando se acordó el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 hubo tenedores por valor de unos 20.000 Millones de Dólares (MD) que no entraron en dicha reestructuración de títulos públicos: son los Holdouts, tenedores de bonos que no estuvieron de acuerdo en las condiciones de la oferta.

 

Una parte de estos acreedores ingresó luego con la reapertura del canje en 2010, de modo que actualmente el monto de deuda en manos de los holdouts es de 11.500 MD (según datos oficiales al 31.12.2012): 6.600 MD de Capital y 4.900 MD de Intereses.

 

Como la oferta de canje era de aceptación voluntaria, quedaba sobrentendido que quienes no entraban en la operación iban a reclamar por vía judicial las deudas originales, por el valor nominal de los títulos y con la certeza de obtener – temprano o tarde – una sentencia favorable ya que el gobierno Kirchner no objetó la validez de esas acreencias ni abrió investigación alguna sobre la legitimidad de las mismas.

 

El problema se reducía así, de antemano, a una cuestión de tiempo y a un cálculo de soporte de costos por los pagos que iban a producirse inexorablemente por concepto de capital adeudado más intereses acumulados, punitorios, honorarios y gastos de los juicios correspondientes.[1]

 

Es importante resaltar que la argumentación de base de la administración Kirchner contra los reclamos de los holdouts es que nuestro país se encuentra todavía en crisis de Deuda en los términos de la Ley 25.561 de Emergencia Pública, que es del 7.1.2002 y ha sido renovada sistemáticamente por el Congreso todos los años hasta la fecha.

 

Esta estrategia legal defensiva se contrapone abiertamente con el discurso oficial sobre los resultados altamente positivos que el gobierno Kirchner dice tener en materia económica, financiera y fiscal; y constituye, en consecuencia, uno de los puntos más vulnerables de la posición argentina ante los holdouts.

 

QUÉ ESTÁ EN JUEGO.

 

La denuncia que se tramita en los Tribunales de Nueva York contra el Estado Argentino constituye un caso testigo de otras causas que se sustancian por el mismo motivo ante la justicia norteamericana y también en jurisdicciones de Europa y Japón.

 

En este caso, el juicio está piloteado por los fondos de inversión especulativos – comúnmente denominados “fondos buitre” porque compran “bonos basura” y los reclaman luego a su valor nominal – NML Capital, del grupo Elliot Management (de Paul Singer) junto con los fondos Aurelius, Olifant, Blue Angel y 13 acreedores minoristas argentinos (que sólo en este último caso corresponderían a tenedores originales).

 

Después de varios años de pleito el Juez interviniente, Thomas Griesa,  dictó una sentencia favorable a estos acreedores en Febrero de 2012, obligando a la Argentina a pagarles la totalidad de la deuda y al contado: el importe original reclamado era de 1.330 MD que, con los recargos, gastos y honorarios ascendería a unos 1.450 MD.

 

El gobierno Kirchner apeló esta decisión del juez en Marzo y la Cámara de Apelaciones competente – del segundo distrito de Nueva York – le falló también en contra en Octubre, ratificando la resolución de primera instancia y devolviéndole el expediente al juez Griesa para que estableciera las condiciones concretas de pago por parte de nuestro país.

 

El 26.11 Griesa fijó que el gobierno Kirchner debía abonarle a los holdouts la totalidad del reclamo – más los intereses, gastos, punitorios y honorarios – al valor nominal y al contado; y además puso como condición que ese pago se hiciera junto con los pagos a efectuar a los bonistas que ya entraron en el Megacanje 2005-2010 por vencimientos de bonos y por cupones ligados al PBI el día 15.12.2012.

 

Caso contrario, si no se les pagaba así a los holdouts tampoco cobrarían los bonistas del canje. El banco agente – Bank of New York (BoNY, del grupo Mellon) – quedaba a su vez inhibido para efectuar tales pagos por cuenta de la Argentina si los mismos no eran para todos.[2]

 

El gobierno Kirchner – siempre a través del estudio jurídico Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, de Nueva York, que representa los intereses argentinos – apeló esta decisión de la corte, pidiendo poder cumplir con el pago a los bonistas sin condicionarlo al pago a los holdouts.

 

La Cámara de Apelaciones aceptó esta tesitura – permitiendo el pago sin problemas a los bonistas de la deuda regularizada – y abrió otra instancia a la Argentina consistente en llamar a las partes a nuevas sendas presentaciones en el juicio, cosa que se llevó a cabo durante el invierno boreal (verano argentino del 2013).

 

En esta instancia volvieron a declarar los acreedores y los representantes de nuestro país, y también diversos “amicus curiae”, esto es, terceros que hicieron llegar voluntariamente sus testimonios al tribunal.

 

La mayoría de estos declarantes lo hicieron a favor de la Argentina, entre ellos, la Reserva Federal de Nueva York, el Banco BoNY, la ex vice-jefa del FMI Anne Krueger, el ex titular del BCRA Prat Gay y otros.

 

Las ideas centrales de apoyo en estas presentaciones eran de diverso tipo pero concurrentes a favor de la posición argentina: desde la conveniencia de no aceptar que las actitudes de acreedores díscolos – los “fondos buitre” – entorpezcan las reestructuraciones de Deuda Soberana hasta la salvaguarda de la plaza de Nueva York como prevalente en las colocaciones de Deuda de Países Emergentes, evitando así que los países deudores acudan a plazas alternativas fuera de los Estados Unidos.

 

Como, terminadas las presentaciones, los holdouts no aceptaron tales propuestas a favor de nuestro país el gobierno Kirchner debió presentar una propuesta concreta final de pago – ya que no estaba en discusión la validez de los fallos sino sólo la forma de cumplirlos – cosa que hizo el 29.3.2013 proponiendo la reapertura del canje 2005 en los términos que se había hecho en el 2010.

 

La administración Kirchner también pidió, por separado, que el tribunal de segunda instancia – la Cámara de Apelaciones – se reuniera en sesión plenaria (en banc) para expedirse sobre el tema y no quedar sólo con la resolución de la sala, pero este pedido fue desechado.

 

Paralelamente, nuestro país elevó además una apelación – de tipo “preventivo” – ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, reservando así la posibilidad de una tercera y última instancia internacional.

 

Pasó así un tiempo y la Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York – con fecha 23.8.2013 acaba de dar a conocer su nuevo fallo, igualmente contrario a la Argentina, por el que ratifica las sentencias del juez Griesa y las resoluciones anteriores de la propia Cámara obligando a nuestro país a cumplir el pago total, al contado y a valor nominal, de los reclamos de los holdouts.[3]

 

Sin embargo, la misma cámara – a través de su escrito – deja en suspenso estas medidas a la espera que la Corte Suprema se expida sobre la aceptación o no de la apelación argentina.

Si la Corte se expidiera en contra – considerando, como es probable, que lo haga por no estar afectadas leyes federales de los Estados Unidos que justifiquen su intervención como tribunal de última instancia – la sentencia de la cámara sí debiera hacerse efectiva y de inmediato.

 

Se ha especulado que nuestro país, aparte de la apelación a la Corte, pudiera volver incluso a apelar en segunda instancia pidiendo nuevamente una reunión en banc y recurrir a otras maniobras dilatorias, pero ello parece poco viable a esta altura de los acontecimientos.[4]

 

Hasta aquí la síntesis de los principales hechos que han venido jalonando el problema de los holdouts hasta la fecha, desembocando en esta última novedad del fallo de la Cámara que, aún así, todavía no es definitivo en su aplicación.

 

BALANCE Y PERSPECTIVAS.

 

Todo este complicado tema de los holdouts constituye un capítulo dentro de la cuestión macro e insoluble del problema de Deuda Pública perpetua que vive la Argentina.

 

El problema arranca, en este caso, con el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005, que fue presentado ante la opinión pública – lo mismo que todas las reestructuraciones de deuda – como un supuesto éxito de negociación cuando, en realidad, se trataba de un acuerdo desfavorable y que terminó en fracaso:

 

  1. Porque el Megacanje no tuvo ni tiene capacidad de repago demostrada y la administración Kirchner debió apelar a sucesivas medidas de emergencia financiera para sostener sus servicios (aumento de la presión tributaria, incremento de las retenciones, estatización de las AFJP, uso de las reservas internacionales para el pago de deuda externa, salida de la Convertibilidad y retraso del tipo de cambio, licuación de deuda en pesos ajustada por inflación, cepo cambiario, restricciones a la venta y salida de divisas y, fundamentalmente, toma de más deuda pública (principalmente Deuda intra-Estado).
  2. Porque no hubo quita verdadera sobre los bonos canjeados ya que los descuentos se compensaron con cupones ligados al PBI.
  3. Porque el ministro Lavagna – como bien lo observara en su momento Javier Llorens – se ilusionaba con volver al Mercado Internacional de Capitales mientras dejaba 20.000 MD en manos de los holdouts afuera, cosa que constituía una contradicción grave y evidente.

 

En consecuencia, los reclamos y juicios que por lógica sobrevendrían contra el Estado Argentino le abrían un nuevo problema mientras parecían cerrarle otro.

 

Con el agravante que estas denuncias (las de los holdouts, que no entraron en el canje) temprano o tarde iban a terminar indefectiblemente en fallos contrarios a nuestro país porque la administración Kirchner asumió, desde un principio, la posición de reconocer en forma irrestricta la validez de las acreencias reclamadas.[5]

 

Obviamente los términos de negociación con los acreedores no son los mismos si un gobierno deudor se sienta a la mesa de discusiones planteando la ilegitimidad de las deudas que allanándose de partida a la aceptación de las mismas, tal como lo hizo el actual gobierno.

 

Este reconocimiento institucional de una carga perpetua de deuda pública impagable es la clave de todo, es el condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en nuestro país en materia financiera, económica y política: es el verdadero y más grande esquema de corrupción institucional que se mantiene hasta nuestros días porque se trata de un proceso que está plagado de irregularidades administrativas y constitucionales, incumplimiento de deberes y obligaciones de funcionarios públicos, corresponsabilidades cruzadas de todo tipo (acreedores, bancos colocadores, calificadoras de riesgo, organismos financieros internacionales y gobiernos de los acreedores externos), toma de deudas sin capacidad de repago y  complicidad de los gobernantes locales con los acreedores en contra de los intereses del Estado.

 

Así, si alguien – en este caso, el gobierno argentino – parte del allanamiento a la validez de las exigencias de sus acreedores ilegítimos (doblemente ilegítimos, por el hecho de ser compradores a los tenedores originales[6]) y sólo pide limitaciones y/o facilidades de pago, su capacidad de negociación real desaparece y su defensa está perdida de antemano.

 

La administración Kirchner – como todas las que la precedieron (salvo la efímera gestión del presidente Rodríguez Saá) – no investiga la Deuda Pública; y con ello  acepta la trampa del Sistema de la Deuda, que es la lógica de la deuda perpetua, de la que el subtema de los holdouts es sólo un capítulo.

 

EN CONCLUSIÓN:

 

El nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York contra la Argentina no implica una decisión final o definitiva, aunque supone sí una nueva “vuelta de tuerca” de la presión sobre el Estado Argentino al respecto.

 

Esta presión es tanto o más delicada debido a que la administración Kirchner está paliando los efectos de una nueva Crisis de Deuda con escalas crecientes de Deuda intra-Estado, está aplicando políticas de ajuste fiscal encubierto para contener el déficit fiscal en aumento y se encuentra frente a elecciones parlamentarias de medio término que pueden agravarle más todavía los dos años restantes de su gestión de gobierno.

 

El fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 y el manejo erróneo de la crisis financiera consiguiente (una crisis monetaria, cambiaria y bancaria pública) han llevado así a la instancia de un nuevo y posible default técnico; un default que, si se produjera, significaría sin embargo un blanqueo de la realidad fiscal y también una oportunidad posible de replanteo en los términos de una nueva renegociación futura de la Deuda Pública.[7]

 

Dicho con otras palabras: sería una alternativa abierta para sustraerse de la equivocada política seguida hasta ahora consistente en buscar una solución al problema de la deuda dentro del Sistema de la Deuda.

 

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires, 25.8.2013

 

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2013 08 25 HOLDOUTS NY 2

 

 

(*) La circularización de la presente nota se demoró por razones ajenas a la voluntad del autor y, además – estando ya concluida – se conocieron algunas novedades en relación a una nueva reapertura del canje 2005-2010.

 

Esta última noticia, empero, no altera básicamente lo dicho en este escrito y al subtema ya se refería la nota 3 del mismo.

 

 


 

NOTAS:

 

[1] Los aspectos legales específicos de estos reclamos hechos por los holdouts – básicamente “fondos buitre” – no son materia de competencia del autor de esta nota, por lo que aquí se trata sólo de las cuestiones de fondo generales de lógica jurídica y financiera inherentes al Megacanje 2005-2010.

 

Por otra parte, la administración Kirchner no informa sobre las actuaciones en curso contra nuestro país, no se tiene acceso a los expedientes de  cada caso y no se traducen los escritos de las causas.

 

[2] El juez Griesa se habría extralimitado en esta segunda parte de su fallo, al colocar a los bonistas que ya ingresaron en el Megacanje como “rehenes” del pago a los holdouts, cosa que habría hecho por ofuscamiento frente a las declaraciones – tan innecesarias como poco felices – de la presidenta Cristina Kirchner y del ministro Lorenzino en el sentido que el país no acataría la resolución del juez de pagarle a los fondos buitre.

 

[3] Uno de los puntos clave de esta nueva resolución de la cámara es que ratifica la misma interpretación de la cláusula pari passu – trato igualitario a los acreedores – que hace el juez en el sentido que el gobierno argentino no cumplió con esta cláusula para con los holdouts.

 

Aunque quizás no hubiera cambiado el curso de las decisiones jurídicas de fondo nada obstaba para que la estrategia argentina intentara neutralizar este flanco suspendiendo en forma indefinida la Ley cerrojo 26.017, dejando abierta así la posibilidad que cualquier tenedor que no lo hubiera hecho estaba siempre en condiciones de ingresar al canje (como se hizo transitoriamente en el 2010).

 

Más aún, dentro de esta postura nuestro país habría podido abrir una cuenta indisponible en Nueva York donde depositara los mismos servicios que por la deuda canjeada, mostrando así una disposición práctica y consistente con el ofrecimiento de alternativa a los holdouts.

 

Incluso se hubiera ahorrado entonces aplicar ese dinero a las obligaciones asumidas de recompra de bonos con los fondos no pagados a los holdouts por concepto de cupones PBI.

 

Pero la administración Kirchner no actuó de este modo y sólo tardíamente – en su propuesta del 29.3.2013 – ofreció tal nueva reapertura del canje.

 

Una acción de este tipo habría sido más coherente dentro de la línea elegida por el gobierno.

 

[4] Va de suyo que el gobierno Kirchner, en este problema de deuda, no busca ya un triunfo sino una dilación extrema del desenlace desfavorable de los juicios en curso.

 

Las alternativas que se abren ahora a nivel de la Corte Suprema norteamericana – instancias internas de estudio y definición de su competencia o no en el caso, consultas a otros organismos gubernamentales por tratarse de una cuestión que afecta a un estado soberano, etc. – le garantizarían otro período de demora o espera de varios meses por delante.

 

Esta dilación en los juicios de los holdouts – aparte del desgaste de los reclamantes – le permitiría al gobierno ganar más tiempo estirando la cuestión concreta de los pagos a esos acreedores y sus erogaciones pertinentes.

 

En lo inmediato, se piensa que el gobierno aspira lograr que el tema tenga un compás de espera hasta después de las elecciones de Octubre.

 

Por otra parte, si los trámites se demoran más allá de Diciembre de 2014 las consecuencias de los fallos adversos no derivarían en la aplicación de la Cláusula del Acreedor más favorecido, que vence en esa fecha.

 

Esa cláusula – firmada como innovación por la propia administración Kirchner en el Megacanje 2005 – es la que establece que si nuestro país, después de cerrada dicha reestructuración de deuda otorgara a otros acreedores condiciones más favorables, debía hacerlas extensivas a los que ya habían entrado en el canje, con lo cual los pagos se amplificarían en forma exponencial (se habla de una suma de 20.000 MD o más).

 

Por último, cabe no olvidar que el mandato del actual gobierno termina en Octubre de 2015, de modo que pudiera llegarse incluso  – con muy “buen viento” a favor, con apoyo y tolerancia financiera internacional dado los pagos récords que está efectuando la actual administración y con las concesiones que está realizando como consecuencia de su debilidad financiera y política (caso contrato YPF-Chevron) – a que el problema de los juicios de los holdouts llegara a traspasarse al próximo gobierno.

 

Pero esto es muy hipotético porque hablar hoy del año 2015 es hablar de un largo plazo frente a la crisis monetaria, cambiaria y financiera que vive hoy la Argentina y que, consecuentemente, obligará a tomar importantes decisiones de gobierno mucho antes.

 

[5] En su libro “Después del derrumbe” – editado sintomáticamente en Abril de 2003 (un mes antes de las elecciones presidenciales) – Néstor Kirchner, en el Capítulo 10, anticipaba que en caso de ser electo no cuestionaría la validez de la Deuda Pública.

 

Esta posición se ha mantenido incólume y ha sido ratificada, enfatizada e institucionalizada hasta la fecha por la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

[6] Conforme lo propusiera el autor de esta nota hace tiempo, el procedimiento adecuado – aún en el caso de reconocimiento de la validez de los títulos – debiera haber sido ponderar el valor de los bonos canjeados a su precio de compra, dado que la mayoría de los bonos había sido adquirida en el mercado secundario y que el país se manejaba entonces con el criterio (teórica y legalmente vigente hasta hoy) de un Estado en Emergencia Económica y Financiera.

 

Esta misma declinación en su defensa de los intereses financieros nacionales hizo la administración Kirchner cuando aceptó el boicot de los acreedores a registrarse a modo de censo de titulares de bonos, lo que hubiera llevado al menos a su identificación.

 

Un censo de acreedores y un “gran libro” de la Deuda Pública – la vieja denominación utilizada por Mariano Fragueiro – era y sigue siendo la base indispensable de toda información, análisis y seguimiento del problema de la deuda argentina.

 

[7] Recientes expresiones del Ministro Lorenzino – y algunas referencias anteriores de la propia presidenta – sugieren un interrogante sobre la verdadera posición del gobierno Kirchner en materia de futuros endeudamientos con terceros.

 

Por un lado, Lorenzino dijo que: “Vamos a seguir pagando como lo hemos hecho hasta ahora, en los mismos términos” (en relación a los bonistas que ya entraron en el Megacanje 2005-2010). Y paralelamente dijo que “hay sectores que quieren que la Argentina vuelva a endeudarse para ver nuevamente a nuestro pueblo de rodillas, pero no lo van a lograr” (La Nación, 25.8.2013, página 18).

 

Estas declaraciones – que no alcanzan hoy a la enorme y creciente Deuda intra-Estado ni a la que se pacta con los Organismos Multilaterales de Crédito a través de las Estrategias de Asistencia al País (Banco Mundial, BID, CAF) – parecieran contraponerse a la idea de Hoja de Ruta del vicepresidente Boudou, que contemplaba los arreglos con holdouts y países del Club de París como requisito de la vuelta argentina al Mercado Internacional de Capitales para colocar nuevas deudas.

 

El tiempo y los hechos mostrarán en qué desembocan estas palabras – si son el atisbo de un eventual cambio en la política de endeudamiento público o meros dichos para la galería – aunque es muy improbable que se abandone la idea de retornar al Mercado Internacional de Capitales para volver a endeudarse, que fue la razón de ser del Megacanje 2005.

 

Publicado el 8 de octubre, 2013 En la categoría Deuda Externa

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