Deuda Externa

La des-investigación de la Deuda Pública

22/12/2014

Quien no investiga delitos sobre los que hay evidencia cierta y comprobada es, en principio, cómplice de esos delitos.

 

Esto ocurre en la Argentina en materia de endeudamiento público desde hace décadas – desde el Proceso Militar hasta nuestros días – sin que la línea de conducta de los gobiernos de turno haya cambiado un ápice sobre el tema.

 

La administración K no es una excepción en tal comportamiento y algunos hechos recientes no sólo lo están demostrando sino que además están poniendo en evidencia una serie de acciones distractivas al respecto.

 

 

LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA LEY 26.984.

 

La Ley 26.984 – llamada de “Pago soberano” y “Reestructuración de la Deuda” – establece taxativamente la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación ­(Título II, Capítulo único, Artículo 12).

 

Esta Comisión estaría compuesta por 8 senadores y 8 diputados, respetando la proporción de las representaciones políticas dentro del Congreso.

 

El texto de la norma – vale la pena recordarlo – dice lo siguiente:

 

“La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar.

 

Asimismo, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

 

  1. El seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen.

 

  1. La investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquellos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial.

 

  1. La presentación de un informe final respecto de los temas comprendidos en el presente artículo, para ser considerado por ambas Cámaras, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.

 

La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos, como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.

 

Los miembros de la presente Comisión Bicameral Permanente así como el personal permanente o eventual asignado a la misma, deberán guardar la más estricta confidencialidad respecto a la información a la que tuvieran acceso en virtud del párrafo anterior. En caso de divulgación o de uso indebido de la información a la que tuvieren acceso en ocasión o ejercicio de sus funciones, serán considerados incursos en falta grave a sus deberes y les será aplicable el régimen sancionatorio vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder por aplicación del Código Penal.”

 

Hasta aquí lo establecido por la Ley 26.984, que fue propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por amplia mayoría oficialista en el Congreso el 10.11 pasado.

 

Con el argumento de que no se ha cumplido el objetivo de la ley al fracasar el intento de cambiar a jurisdicción local el pago a los bonistas del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 existen fuertes presiones de los sectores financieros para que la Ley 26.984 sea derogada, o bien permanezca – como hasta ahora – en un abierto incumplimiento por parte del mismo Congreso que la votó y que lo obliga a sí mismo.

 

 

LOS PROYECTOS-TAPON DEL OFICIALISMO.

 

En un claro y bastante burdo intento de distraer la atención de la opinión pública acerca del incumplimiento de la Ley 26.984 y no constituir la comisión investigadora de la ilegitimidad de la Deuda que la norma establece, el gobierno Kirchner ha venido acelerando el avance de algunos proyectos-tapón que actúan como distractivos del asunto central:

 

 

  1. a) EL PROYECTO RECALDE.

 

El Congreso avanza actualmente en el tratamiento del proyecto de ley del diputado Héctor Recalde (FPV) 1.676/14, que propone la creación de una comisión para investigar la complicidad de grupos económicos privados en la época del Proceso Militar (1976-1983).

 

La iniciativa busca identificar empresas que colaboraron y se beneficiaron con la dictadura y elaborar un informe para promover la investigación de responsabilidades en el campo económico y financiero vinculadas con la represión y el terrorismo de Estado.

 

La comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar “la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”. Recalde señaló que su proyecto apunta a “la búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre el papel de los empresarios durante la última dictadura”. Y agregó que “esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad”. (Infojus Noticias, 11.11.2014).

 

Esta iniciativa está en línea con lo sostenido en el libro “Cuentas pendientes”, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky.

 

 

  1. b) LAS PROPUESTAS DE CAPITANICH.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su Informe al Senado del 22.10 pasado denunció el “terrorismo económico” contra el gobierno argentino a través de “maniobras especulativas” tendientes a desestabilizar al gobierno argentino y pidió crear una comisión bicameral que investigue el tema.

 

Capitanich pidió la constitución de una comisión que investigue “una serie de maniobras vinculadas al sector privado”, con el objetivo de “identificar todas las operaciones de lavado de activos, maniobras especulativas, impacto a la ley penal cambiaria y precios de transferencia”.

 

Se refirió también a la existencia de unas 80.000 causas en el BCRA por infracciones cambiarias y precisó que dado que tales irregularidades llevan largos años sin resultados – la mayoría corresponderían al período 2002/2008 – debía hacerse un análisis riguroso para determinar el por qué de tales demoras.

 

Mencionó también el problema de las maniobras de fuga de capitales en los últimos años – para lo cual pidió la creación de otra comisión investigadora – y recordó además la vigencia del artículo 12 de la Ley de Pago Soberano para investigar el origen de la deuda.

 

Pero puso énfasis en diversos frentes de problema que se superponen con el tema Deuda.

 

“Este Congreso de la Nación – dijo – debe profundizar una investigación muy concreta, no solamente sobre el origen de la deuda, sino también extender y crear una comisión bicameral con el objeto de estudiar minuciosamente la fuga de capitales, las subfacturaciones, las operaciones de lavado de activos financieros, las maniobras especulativas de activos bursátiles, porque es imprescindible terminar con estas maniobras que atentan contra la soberanía del país y la gobernabilidad”.

 

Las denuncias de Capitanich estaban en ese momento particularmente referidas a las maniobras investigadas por el gobierno sobre las empresas del grupo Mariva pero el alcance de sus propuestas, como vemos, sería mucho más amplio.

 

 

  1. c) LAS CUENTAS EN SUIZA.

 

En línea con esta pluralidad de propuestas oficialistas aceleradas sobre el fin del año (y al borde del receso veraniego), días pasados el Congreso dio “trámite expreso” a otro proyecto intercalado a posteriori de la Ley 26.984: la creación de otra comisión más, para investigar la denuncia sobre cuentas no declaradas de argentinos en Suiza.

 

El proyecto – que ya es ley – establece la creación de una comisión bicameral compuesta por 5 senadores y 5 diputados para realizar una investigación sobre Fuga de Capitales y Evasión Fiscal en la Argentina, sobre la base de informaciones pasadas por un ex directivo del banco HSBC acerca de la existencia de 4.040 cuentas de individuos o empresas de la Argentina no declaradas ante la AFIP y que abarcarían unos 3.000 MD (Millones de Dólares).

 

Se ha objetado – y objetado con razón – que el motivo invocado por el gobierno no amerita la constitución de una comisión de este tipo ya que la tarea y la responsabilidad primaria de investigación recae en la AFIP y en la Justicia.

 

No es éste el caso, en cambio, de la comisión investigadora de la legitimidad de la Deuda fijada por la Ley 26.984 porque la misma involucra el análisis de irregularidades que tocan a los funcionarios y organismos del Estado en relación con grupos financieros privados, pone en duda la validez de normas y/o decisiones oficiales y afecta la estructura permanente de las Finanzas Públicas de la Argentina.

 

Pero la administración Kirchner privilegia el tratamiento de proyectos marginales y cuestionables como distractivo de la Comisión investigadora de la Deuda, que es la más importante de todas.

 

 

EN CONCLUSIÓN:

 

La cuestión de la Deuda Pública sigue siendo el problema central que afecta el sistema financiero fiscal y la política económica de gobierno argentino pero la misma es deliberadamente soslayada por el Gobierno K.

 

Este comportamiento no toca sólo a la administración de turno sino que es una constante compartida por toda la clase política, apoyada en la tríada oficialismo-oposición-medios que determina lo que es la Opinión Pública en el país.

 

Pero su actor y responsable directo es hoy una administración que toma las decisiones de endeudamiento, que enmascara esas decisiones con un discurso confrontativo inverso a las acciones que adopta y que confunde a la población con proyectos superpuestos y distractivos que apartan el eje de atención del problema central y absoluto de la Deuda.

 

El gobierno Kirchner – después de 11 años de gestión y en el último de su mandato – parece haberse acordado algo tarde de proponer todas estas comisiones, que además da la casualidad que se superponen a fines del ejercicio 2014 (previo a las vacaciones del Verano) neutralizando en la práctica el cumplimiento de la más importante de todas, que es la comisión investigadora de la legitimidad de la Deuda Pública según lo dispone la Ley 26.984 de Pago Soberano.-

 

 

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires, 20.12.2014

Publicado el 22 de diciembre, 2014 En la categoría Deuda Externa

Diseño web por SiteFun